¿Políticas públicas con perspectiva de género o justificación del gobierno a partir de su impacto social? El caso de la comunidad de San Nicolás Tlazala, Estado de México

Resumen

Internacionalmente ha existido, en los últimos tiempos, un activismo muy marcado en torno al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres que impulsa, desde el seno de las Naciones Unidas, el empoderamiento de la mujer y el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, identificados también dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, con ello, busca posicionar internacionalmente el tercer objetivo correspondiente a “eliminar las desigualdades entre los géneros”.

Tal proceso de priorización internacional ha exigido la adopción de políticas públicas y una normatividad generalizada a través de sus gestiones de asistencia para el desarrollo. Bajo este escenario, la comunidad internacional se ha esforzado cada vez más por la aplicación transversal de la perspectiva de género, que implica la adopción, desde el ámbito jurídico, de la equidad, aunado a los cambios estructurales en las políticas públicas y organizativas de los Estados, tendentes a operativizar e instrumentar acciones en pro de la equidad de género. Y México no ha sido ajeno a dicho proceso de obligaciones internacionales, por lo que ha impulsado el incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas (educativas, de salud, laborales, político-electorales, etc.), a fin de eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres modificando los patrones de conducta que permitan disminuir los prejuicios, las costumbres y los estereotipos que tanto perjudican a este grupo social en específico.